El invierno somete al sistema energético argentino a su prueba más exigente. En las semanas de mayor consumo residencial, el sector industrial suele quedar en el extremo de la soga, enfrentando la posibilidad de recibir la orden de “rampa cero”. Este procedimiento, que implica la interrupción total del suministro de gas natural para las fábricas, obliga a detener procesos productivos enteros y genera sobrecostos millonarios que las empresas deben absorber para evitar sanciones severas.

¿Qué es la rampa cero y cómo afecta a las fábricas?

La rampa cero es la notificación oficial que las distribuidoras de gas envían a las grandes industrias cuando el sistema entra en estado de emergencia. Bajo esta modalidad, las empresas que cuentan con contratos de suministro interrumpible —y en casos críticos, también aquellas con contratos firmes— deben reducir su consumo de gas a cero de forma casi inmediata.

Para una planta industrial, apagar los hornos o detener las calderas no es un proceso sencillo. Sectores como el siderúrgico, el petroquímico, el cementero y el alimentario requieren de un apagado programado para evitar daños irreparables en sus maquinarias. Según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), el costo de una parada imprevista y su posterior puesta en marcha puede multiplicar varias veces el valor del insumo energético perdido, afectando los plazos de entrega y la cadena de pagos.

El antecedente y el nuevo escenario del norte argentino

El fantasma de estas restricciones no es nuevo. En mayo, el país vivió una de sus crisis de abastecimiento más agudas cuando una ola de frío polar anticipada coincidió con demoras en la descarga de buques de Gas Natural Licuado (GNL) y la falta de finalización de obras de infraestructura clave. En aquella oportunidad, decenas de industrias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires debieron paralizar sus actividades por completo para asegurar el gas en los hogares.

Para la provincia de Jujuy y el resto del Noroeste Argentino (NOA), la situación importante estuvo marcada por la dependencia del gas importado de Bolivia, un recurso que sufrió un declive sostenido en los últimos años. Sin embargo, el panorama para este invierno muestra una mayor estabilidad gracias a la puesta en marcha de la Reversión del Gasoducto Norte. Esta obra estratégica, finalizada a fines, permite transportar el gas de Vaca Muerta hacia el norte del país, reduciendo la vulnerabilidad de las industrias locales ante eventuales cortes.

Monitoreo constante y contratos de abastecimiento

A pesar de las mejoras en la infraestructura de transporte, el monitoreo sobre el despacho de gas sigue siendo diario. Las empresas distribuidoras y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) evalúan constantemente las proyecciones climáticas y el nivel de reservas en los gasoductos. Las industrias que buscan esquivar la rampa cero optan cada vez más por contratos de tipo “firme”, que garantizan la prioridad de abastecimiento a cambio de una tarifa sustancialmente mayor, aunque en situaciones de emergencia extrema nacional, ni siquiera estos convenios quedan totalmente a salvo de los recortes programados.

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