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Judiciales

Le negaron casi $23 millones en una tragamonedas: la Justicia sumó $9,3 millones por daños

El fallo de primera instancia en Bahía Blanca también ordenó terminar con la prohibición de ingreso del reclamante.

10 de noviembre de 2026 · 01:56·🕐 2 min de lectura
Ilustración de un ticket de tragamonedas sobre una balanza judicial
Créditos de imagen
Ilustración editorial generada con IA sobre el reclamo por un ticket de tragamonedas. No reproduce el comprobante, la máquina ni el juzgado del caso de Bahía Blanca. · Crédito: Jujuy360 / imagen generada con IA · Ilustración original generada con IA para esta noticia de Jujuy360, cuya publicación fue solicitada por el titular del medio.

Un ticket de tragamonedas por $22.898.627,80 terminó en una condena que agregó $9,3 millones por daños. La reseña del expediente 122250 publicada por JurisprudenciaARG registra que el Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Bahía Blanca falló contra El Chalero S.A. y Bingo Bahía S.A.

La resolución reseñada, dictada por la jueza María Selva Fortunato el 1 de septiembre de 2026, hizo lugar al reclamo por cumplimiento de contrato. Las empresas habían cuestionado la validez del comprobante y el cliente reclamó, además del dinero, que cesara la prohibición de entrar al establecimiento.

Los $32,2 millones no son el monto final actualizado

La condena nominal informada reúne tres conceptos diferentes:

  • $22.898.627,80 por el ticket reclamado.
  • $5.000.000 por daño moral.
  • $4.300.000 por daño punitivo, vinculado a la prohibición de ingreso.

La suma es $32.198.627,80. La reseña indica que corresponde aplicar actualización e intereses según las reglas del fallo. Por eso, ese total no equivale a una liquidación definitiva ni permite afirmar cuánto dinero recibió el jugador.

El reclamo también puso en discusión el trato al cliente

Según la síntesis jurídica, el juzgado consideró que las empresas estaban en mejores condiciones de aportar las pruebas técnicas porque controlaban la máquina y sus sistemas. También ordenó levantar la restricción de acceso, que vinculó con una represalia por reclamar.

El marco general está en la Ley de Defensa del Consumidor 24.240. Su artículo 53 exige que los proveedores aporten al proceso los elementos de prueba que tienen en su poder y colaboren para esclarecer lo ocurrido. Esa obligación ayuda a entender por qué los registros de un sistema pueden ser centrales cuando el cliente no tiene acceso a ellos.

La misma ley distingue el resarcimiento de una multa civil. El artículo 52 bis permite aplicar daño punitivo a favor del consumidor, atendiendo a la gravedad y las circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones. No se trata de un segundo premio de la tragamonedas ni de una suma que corresponda automáticamente en cualquier reclamo.

Además, el artículo 8 bis obliga a garantizar atención y trato digno y equitativo, y prohíbe las conductas que expongan al consumidor a situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.

Alcance de la información: la fuente jurídica consultada es una reseña del fallo de primera instancia, no el documento judicial completo. No se cuenta con confirmación de una resolución posterior de Cámara, de que la sentencia haya quedado firme ni de que se haya realizado el pago.

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SY
Sobre el autorSeguridad y Justicia Jujuy360

Equipo editorial de Jujuy360 especializado en seguridad, policiales y judiciales. Ordena hechos por cronología y etapa procesal, protege privacidad y sostiene la presunción de inocencia.