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Pruebas Aprender y Enseñar: qué datos de Salta debe entregar Nación tras el fallo de la Corte

La decisión alcanza a los informes por establecimiento de 2016 y 2017. La entrega es al solicitante y debe proteger los datos individuales.

20 de noviembre de 2026 · 09:48·🕐 2 min de lectura
Vista aérea de la fachada principal del Palacio de Justicia de la Nación, en Buenos Aires.
Créditos de imagen
Palacio de Justicia de la Nación, sede de la Corte Suprema en Buenos Aires. Foto de archivo de 2024. · Crédito: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que el Estado nacional debe entregar por vía digital al solicitante los reportes de las pruebas Aprender y Enseñar de 2016 y 2017 por cada establecimiento o institución participante de Salta. El fallo del jueves 19 de noviembre de 2026 no ordena publicar los archivos en un portal abierto ni abarca el operativo de Jujuy de 2026.

Qué información debe entregar el Estado

La causa comenzó en 2019 con un amparo de acceso a la información pública. El entonces Ministerio de Educación negó los reportes por establecimiento porque consideró que eran confidenciales. Había ofrecido el desglose hasta el nivel municipal, siempre que hubiera al menos dos escuelas en el municipio.

La Sala II de la Cámara Federal de Salta revocó el rechazo en primera instancia y ordenó entregar los informes al solicitante. La Corte confirmó esa decisión con costas y con los límites que fijó en la sentencia FSA 517/2019/CS1. La mayoría sostuvo que conocer los resultados por establecimiento permite evaluar qué hizo el Estado para mejorar la enseñanza allí donde hubo dificultades. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia: propuso revocar el fallo y devolver el expediente para que se dicte una nueva decisión.

Cómo se preservan los datos de estudiantes y docentes

El fallo distingue los reportes de cada institución de los datos que permiten identificar a quienes participaron. En la etapa de ejecución, los tribunales deberán delimitar qué se entrega para proteger la intimidad, especialmente la de los menores de edad.

Si el Estado objeta la entrega respecto de un establecimiento en particular, los magistrados deberán evaluar si la restricción está justificada. Para hacerlo, podrán revisar los datos de forma confidencial.

Foto de archivo: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Versiones web y miniatura redimensionadas o recortadas.

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